Los
ciudadanos se atrincheran en las calles para expresar su protesta
contra el «fraude constituyente» con el que el presidente busca
imponer mañana un régimen despótico
El
vértigo de los acontecimientos en Venezuela, con 112 muertos en
119 días, llevó a la oposición a reformular su estrategia de
presión contra el régimen de Nicolás Maduro y en especial contra
la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente prevista
para mañana. Tres días consecutivos de «trancazo» (corte de
calles con barricadas) fue, finalmente, la opción que puso en
marcha ayer la MUD (Mesa de Unidad Democrática) bajo la consigna
emblemática de «La toma de Venezuela».
«Tomar
todas las calles y vías principales hasta restaurar la democracia»,
ese era el objetivo, según el diputado Jorge Millán.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, lo
dice de otro modo: «Es una jornada intensa que no finaliza… Será
continua de calle y protesta viernes, sábado y domingo para que el
pueblo le deje claro al mundo que ese fraude constituyente no tiene
ningún tipo de legitimidad y que ese proceso es absolutamente
fraudulento».
La
amenaza de Nicolás Maduro de juzgar a manifestantes
con tribunales -civiles y militares- y penas de prisión de cinco a
diez años, no cayó en saco roto. La iniciativa original de
protagonizar una marcha, que fuera la madre de las manifestaciones,
se transformó con el correr de las horas en una estrategia más
sutil o prudente, depende de quien hable. El mensaje para la
población, en definitiva, fue: hay que atrincherarse con barricadas
en todo el país, pero hacerlo cerca de sus viviendas.
Esquinazo
a los «colectivos»
El
cambio de táctica apunta a tener oportunidad de salir corriendo y
evitar detenciones de la Policía o la Guardia Nacional Bolivariana
(cuerpo militarizado). También sirve para dar esquinazo a los
«colectivos» (bandas de paramilitares) que hacen sus rondas mañana,
tarde y noche en busca de presas y, si pueden, un botín jugoso.
El
cambio de estrategia fue recibido de forma diferente por la
ciudadanía. Entre los sectores duros se interpretó como un paso
atrás que da oxígeno al régimen en vísperas de que se consume la
Constituyente, como quiere Maduro. En la otra orilla de pensamiento
se alinearon los que están convencidos de que esta medida es
pragmatismo puro y terminará arrojando resultados. «Da
coartada a los funcionarios que no quieren votar el domingo. Siempre
tendrán la excusa de que las trancas (barreras) vecinales les
impidieron llegar», comenta Evelyn, vecina de la parte norte de la
ciudad y más inclinada a esta opción. Dicho esto, añade: «Llevamos
demasiados muertos seguidos. En los dos días de huelga general
mataron a ocho personas, las detenciones no cesan y los heridos se
multiplican». Según la ONG Foro Penal Venezolano, desde el 1 de
abril, fecha de inicio de las movilizaciones, han sido detenidas
más de 4.500 personas por agentes de la Policía, la Guardia
Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin). De estas, unas 1.200 siguen recluidas. La media de
arresto por día, de acuerdo con estos cálculos, viene a ser de 400
venezolanos, en su mayoría estudiantes.
«La
toma de Venezuela» pone en una situación delicada a los comercios.
Sus pérdidas por echar el cierre el miércoles y el jueves, al
sumarse a la huelga general, no sólo son económicas. Las
represalias del chavismo pueden producirse en cualquier momento y el
precio a pagar les puede salir bastante más caro que un reproche.
El
90% secundó la huelga
El
éxito del paro, pese a las versiones en sentido contrario del
régimen, lo resumió Guevara con estimaciones propias: «El
promedio en el cumplimiento fue del 90 por ciento en los 24 estados
de Venezuela… Hacer un paro en esta crisis es un gran sacrificio…
Los comerciantes han dado muestra de profundo valor y compromiso
patrio», reconoció.
La
Iglesia venezolana, atenta a la evolución de los acontecimientos, no
se lava las manos. La Comisión organizadora de la Asamblea
Nacional Constituyente buscó el apoyo de monseñor Diego Padrón en
una reunión, pero no lo logró. El presidente de la Conferencia
Episcopal Venezolana le leyó un comunicado donde reiteró que la
convocatoria es «innecesaria» e «inconveniente». En esa línea de
censura, añadió que «lo que necesita y reclama el pueblo, en
primer lugar, es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones
justas».
En
otro punto advirtió de que «la eventual instalación de una
Asamblea Constituyente suprimiría de facto el ejercicio de la
Asamblea Nacional», que «fue elegida por una abrumadora mayoría
nacional en elecciones universales, directas y secretas». Por
último, monseñor Padrón les recordó que si es verdad que lo que
pretende el Gobierno es «diálogo y paz», lo que tendría que hacer
es «la consulta al pueblo sobre si quiere o no esta propuesta
presidencial» de Asamblea Constituyente. Para despejar cualquier
interpretación aviesa, aclaró que hablaba, en concreto, de realizar
«una consulta universal, con voto directo y secreto, tal y como lo
prevé la Constitución Nacional».
Carmen
de Carlos
Corresponsal de ABC España http://www.abc.es
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